Preguntas frecuentes

No. Política sí, partidaria no. Esto busca incidir en las políticas públicas de cultura con propuestas concretas, y eso es hacer política. Pero no trabajamos para ningún partido ni contra ninguno.

José Antonio Rodríguez, que propuso la iniciativa, fue Ministro de Cultura en un gobierno anterior y de otro partido, y sabe que eso se puede leer como oposición. Por eso insiste en el punto: el plan se le entregará a todas las candidaturas por igual, sin excepción, y a quien gane se le reclamará lo que haya firmado. Una propuesta que solo sirviera con un partido en el poder no serviría de nada.

Porque los datos que hacen posible el argumento todavía no existían. La primera encuesta del Banco Central sobre el aporte de la cultura se hizo en 2015, y fue la que permitió decir, con una fuente oficial detrás, que el sector aporta alrededor del 1.5 %–1.6 % del producto interno bruto. Antes de eso la conversación era de méritos, no de cifras.

Él mismo lo explica con un ejemplo de su propia gestión: el ministerio invertía unos 100 millones de pesos al año en 364 proyectos, y sin un diseño que supervisara la ejecución y los resultados, esa inversión no tenía retorno medible. Esa experiencia es justo lo que ordena esta iniciativa: primero el diseño, después el dinero.

La iniciativa nace de una propuesta de José Antonio Rodríguez, a partir de su propia experiencia y de conversaciones e intercambios con artistas y gestores culturales que la han ido ampliando. No es un plan cerrado que alguien trajo hecho: se ha ido formando en esas conversaciones, y sigue haciéndolo.

Hay dos coordinaciones de trabajo: el economista Raúl Ovalle coordina el modelo económico y la propuesta de política pública, y Carlos Miranda Levy coordina los aspectos técnicos, operativos y de innovación de la iniciativa y de esta plataforma. Son funciones de coordinación, no de autoría.

El trabajo de fondo lo hacen muchas más personas: artistas, gestores culturales, portadores de tradición, docentes, economistas y técnicos de distintas provincias, que se reúnen cada semana, comentan los documentos y traen propuestas. Puedes ver quiénes se han sumado y qué han propuesto aquí mismo.

No: es para todo el país, y se ha dicho así, de forma explícita, cada vez que alguien lo ha preguntado en los encuentros.

Parte del problema que queremos corregir es precisamente ese: la inversión cultural está dispersa y mal repartida, y hay centros culturales, escuelas de música y festivales sosteniéndose solos en provincias enteras. Las voces regionales no son un añadido a la propuesta; son parte del diagnóstico.

Un plan de inversión en cultura — no una carta de peticiones — discutido y acordado colectivamente, con cifras, metas y mecanismos. Se entregará a las candidaturas presidenciales, públicamente y a todas por igual, antes de que arranque la campaña.

La idea es que quien lo apruebe quede comprometido con un documento concreto en vez de con una promesa de campaña. El precedente es el 4 % para la educación: un movimiento ciudadano consiguió el presupuesto. Lo que no queremos repetir es haber conseguido el dinero antes de tener el diseño.

Sí, con una condición que nos ponemos nosotros mismos. La ley manda que Cultura reciba el 1 % del presupuesto nacional y hoy recibe entre 0.17 % y 0.29 %. Vamos a reclamar ese cumplimiento, pero el acuerdo del grupo es no gestionar formalmente el aumento hasta tener el plan de inversión diseñado.

Y el presupuesto no es lo único que se discute. También están sobre la mesa las compras públicas con enfoque cultural — que el Estado priorice obra de artistas, artesanos, músicos y escritores dominicanos —, incentivos y créditos fiscales para quien patrocine creadores nacionales, y una plataforma de economía circular en la que lo que genere un proyecto apoyado por el Estado vuelva a un fondo para financiar el siguiente.

Ese es el riesgo, y es exactamente por lo que el documento importa. Una promesa de campaña no se puede reclamar; un plan discutido, acordado y aprobado públicamente, sí. El grupo se queda con ese documento en la mano, y la plataforma queda abierta para que cualquiera compare lo firmado con lo ejecutado.

Por sí solo no garantiza nada: lo que lo sostiene es que el sector siga organizado después de las elecciones. El caso colombiano que citamos en los encuentros funcionó por el empoderamiento ciudadano tanto como por la decisión del Estado.

La cifra que manejamos es alrededor del 1.6 % del producto interno bruto, del orden de RD$103,000 millones al año, a partir de la medición del Banco Central. A eso se suman cálculos presentados en los encuentros con fuentes de Impuestos Internos, y la estimación de que el gasto público en cultura — presupuesto más exenciones fiscales — supera los RD$10,000 millones, dispersos y sin una visión que los ordene.

Son cifras en discusión, no conclusiones cerradas. En los mismos encuentros se ha señalado que las mediciones actuales se apoyan en cosas como el consumo de cable e internet de los hogares, y que eso subestima al sector. Por eso una de las primeras tareas es una consulta nacional y un dimensionamiento del ecosistema completo: hoy no existe censo ni estadística confiable de la cultura dominicana. Si tienes datos mejores, tráelos.

Existe, pero no funciona. En los encuentros se ha descrito como un «elefante blanco»: contempla herramientas — un fondo solidario, un censo nacional de fuerzas culturales — que nunca se ejecutaron, y le faltan los mecanismos financieros y un código de aplicación.

Hay personas del grupo con proyectos aprobados por 10 millones de pesos que el Estado no ha desembolsado por esa falta de código: la norma existe y la ejecución no. Revisar la ley, identificar sus fallas administrativas y definir cómo exigir su cumplimiento es una de las tareas abiertas del colectivo, junto con un levantamiento completo de la arquitectura jurídica del sector.

No, y esa es la diferencia entera. Durante años el sector pidió apoyo y recibió aplausos. Aquí el planteamiento es el inverso: la cultura ya genera dinero, paga impuestos, llena hoteles, vende combustible y comida y sostiene empleos, y eso se puede demostrar con cifras de fuentes oficiales.

Cuando hablamos de reclamarle «valor» al Estado nos referimos al valor económico que la cultura aporta al país, no a la calidad del arte. Lo que se propone no es una ayuda: es tratar a la cultura como a cualquier otro sector productivo, con un diseño de inversión y con retorno medible.

No. La pregunta la hizo, en uno de los primeros encuentros, alguien que carga una tradición sin considerarse artista ni gestora cultural profesional, y la respuesta fue que sí tiene lugar aquí. El valor de la cultura es colectivo: lo sostienen quienes crean, pero también quienes enseñan, producen, gestionan, mantienen una sala abierta o cargan un saber que nadie más guarda.

El ecosistema incluye a quienes producen y a quienes sostienen: artesanos, docentes, coleccionistas, comunicadores, gestores, técnicos y público. Si lo que traes es tiempo, datos o una experiencia, sirve igual.

Puedes leer y comentar el plan, traer datos o referencias de iniciativas que ya funcionan, proponer ideas y venir a los encuentros. No hay filtro de entrada ni cuota.

Lo que se pide es constancia y sumar a otras personas: la forma en que el grupo decidió crecer es que cada quien traiga a alguien más. Empieza por leer y comentar el plan, por enviar una propuesta o por venir al próximo encuentro.

Cada semana, los lunes a las 8:00 de la noche, hora de República Dominicana (UTC−4), en línea. Duran alrededor de una hora, y las intervenciones se piden breves — de diez a quince minutos — para que quepa mucha gente.

Alguna semana el encuentro cambia de día o se suspende. La fecha del próximo y el enlace para entrar están siempre en la página del encuentro, y lo tratado en los anteriores queda en el archivo.

No. Puedes leer los documentos, comentarlos y enviar propuestas sin cuenta y sin pedir permiso.

Registrarte sirve para una sola cosa: poder seguirle el rastro a lo tuyo — ver lo que has enviado y qué ha pasado con ello.

Se revisa y después se publica. Los comentarios y las propuestas pasan por moderación y luego quedan publicados junto al documento al que se refieren, para que el resto del grupo pueda leerlos y responderlos.

Moderar no es filtrar por estar de acuerdo: contradecir el borrador es parte del trabajo, y es lo que más falta hace. Lo único que se descarta es lo que no tiene que ver o lo que ataca a personas.